Cómo asimilar que dirigir España requiera herirla gravemente
Miguel del Río | 13.11.2023
Si la mayoría de colectivos políticos, judiciales, económicos, profesionales, mediáticos y sociales rechazan el pacto al que se ha llegado con un prófugo de la justicia, no debiera ser difícil comprender el monumental cabreo general existente. Allá quienes quieran hacer una lectura positiva de acuerdo tan opaco como injusto. Nuestro futuro se torna oscuro, inseguro y crispado. En vez de hacer país, se le ataca, precisamente desde las instituciones que deben ser garantes de su seguridad a través de la Constitución. Se dice estar al lado de ella con este pacto contra natura. No es así y lo vamos a sufrir en propias carnes.
Al igual que la mayoría, estoy en shock con lo que acaba de pactarse en España para llegar a una investidura. Por igual, nos invaden sentimientos de rabia, indignación y rechazo frontal. Es hartamente imposible hallar momentos de serenidad, con un presente tan terrible, y un futuro con tal grado de incertidumbre e inestabilidad en todos los terrenos. Solo con pensarlo, aumenta el desasosiego y la desesperanza, en grado máximo. Ni España ni los españoles nos merecemos esto, pero es real, no es un simple sueño del que podamos despertar.
Será por la experiencia que dan los años, o por el desarrollo de la profesión de periodista que ha tenido parada en muchos medios, el que me pregunten con insistencia cómo lo veo y si hay esperanza de enderezar tanto ataque a la democracia como se está produciendo. A lo primero contesto que lo veo mal, y a lo segundo me mantengo prudente, aunque creo que la unidad y no desfallecer en la defensa de nuestros valores democráticos traerá, más temprano que tarde, el sosiego y prosperidad que merece este gran país nuestro, ahora tan postrado y herido con pronóstico de extrema gravedad. Sí, nuestro país, la soberanía popular, no de cuatro que pactan lo que es antidemocrático al tiempo que amoral, por estar expresamente recogido en la Constitución Española, que este 6 de diciembre de 2023 se va a celebrar con la mayor tristeza en sus 45 años de existencia.
Cuando leo y oigo que la amnistía, como antes la sedición y malversación, son temas opinables, mi valoración positiva sobre la condición humana se desvanece, máxime si se está al frente de gobiernos y otras grandes instituciones que representan a los ciudadanos, con los que no se cuenta ni consulta para acuerdos tan injustos y rompedores. A los pactos para una nueva legislatura se ha llegado con prófugos de la justicia, golpistas, desfalcadores de dinero público y hasta encausados en acciones terroristas, como los famosos CDR del Procés. En la última Vuelta Ciclista a España, a su paso por Cataluña, que es España, pudieron causar un drama humano con sus acciones en busca de producir desgracias personales. ¿Esto tiene debate? ¿Es moral amnistiarlo desde las máximas instituciones del Estado? ¿Un montón de encausados judiciales por rebelarse contra el Estado de Derecho pueden imponerse por encima de 48 millones de españoles? No habría que responder a nada de esto, si la honestidad, la cordura y lo éticamente moral, prevaleciera como es debido dentro de la gobernanza de una nación con tanta historia y tradición como la española.
Pienso que están siendo más sectores y más personas, como por ejemplo todas las asociaciones de jueces al unísono, las que ven delirante que el Poder Ejecutivo se arrogue para sí las funciones del Poder Judicial. En lo firmado con el prófugo Puigdemont, se habla incluso de comisiones parlamentarias para abordar posibles persecuciones judiciales con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El mundo al revés. Es en lo que de repente nos hemos convertido en España, eso sin entrar mucho en las inversiones que se irán preferentemente a Cataluña y el País Vasco, en detrimento de otras regiones que obligatoriamente verán reducido el dinero que llega del Estado.
Hay otra cuestión nueva con la que nos encontramos, y que supone un rechazo total a este pacto de cuatro folios y de contenido farragoso. Las reiteradas manifestaciones que se están produciendo en todas las ciudades españolas suponen el sentir general del pueblo. Allá los que quieran pensar que son reacciones ultras o dirigidas por los que se oponen a este mal llamado pacto progresista, porque no lo es de ninguna de las maneras.
El camino institucional que vamos a andar a partir de ahora es de vértigo. Abochorna que tengamos que pedir auxilio a la Unión Europea, los jueces van a ser los primeros, para que un país no altere al antojo la división de poderes. Algo así no es digno de los tratados europeos, y no sé si la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tomaran cartas en el asunto, pero la gravedad de la situación actual lo requiere. El relato y quien lo controle viene siendo en los últimos años esencial en nuestro país. Puigdemont ha vendido el pacto de apoyo a la investidura asegurando que hay un reconocimiento expreso a la persecución por parte del Estado a Cataluña, al catalán y al progreso de aquella comunidad autónoma. ¡¡Qué!! ¡¡ Cómo!! ¡¡Cuándo!! ¿Esta cantinela es la que vamos a tener a diario en la legislatura de cuatro años que se nos presenta como la mejor posible?
Ya lo he dicho en otros artículos y en este mismo medio. Ante semejante cariz de lo suscrito, lo más democrático hubiera sido preguntar a los españoles a través de un referéndum. Se lo he oído también a grandes personalidades como Felipe González. Porque ya no es solo hablar de nuevas transferencias del Estado a comunidades autónomas, también muy discutibles, cuando se trata de la propia Seguridad Social. Estamos hablando de la historia y el futuro de España. De la igualdad de derechos y oportunidades entre regiones y ciudadanos, y de seguir siendo una nación unida del sur de Europa, como uno de los grandes países de la Unión Europea que somos, aunque ahora demos el peor de los ejemplos posibles en todos los terrenos. Frente a todo esto que se rompe, querer mostrar pactos de progreso, es el chiste menos gracioso que he oído en mi vida.
Miguel del Río