Cartas al Director
La fuerza de la ley o la ley de la fuerza
La democracia no exige que todos piensen igual. Exige que todos acepten las mismas reglas.
“Donde acaba la ley, comienza la tiranía”
John Locke
César Valdeolmillos Alonso | 15.06.2026
La visita de León XIV a España dejó imágenes de cordialidad institucional, discursos sobre el diálogo y llamamientos a la convivencia. Sin embargo, algunos episodios aparentemente menores ocurridos durante esos días revelan una realidad más profunda y preocupante. Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando se desafían sus leyes, sino también cuando se intenta sustituir el pacto por el gesto, la norma por la presión simbólica y el acuerdo común por el hecho consumado.
Lo ocurrido alrededor de la visita del Pontífice permite reflexionar sobre una cuestión esencial: qué sucede cuando determinados proyectos políticos dejan de intentar cambiar las reglas mediante los procedimientos establecidos y comienzan a actuar como si sus objetivos justificaran cualquier método para alcanzarlos.
Hubo algo profundamente revelador en la ovación que recibió León XIV en las Cortes españolas. Durante largos minutos, diputados de todas las tendencias aplaudieron palabras como diálogo, encuentro, reconciliación, convivencia y paz. Nadie pareció discrepar. Nadie levantó la voz para defender la confrontación, la ruptura o el enfrentamiento.
Y, sin embargo, al observar la realidad política española surge una pregunta inevitable: si todos están tan de acuerdo con esos principios, ¿por qué España vive instalada desde hace años en una creciente dinámica de fractura?
Quizá porque resulta más fácil aplaudir los principios que asumir las consecuencias que exigen.
La gran aportación de las democracias modernas no consiste en haber eliminado los conflictos. Los seres humanos seguiremos discrepando mientras existamos. Pensamos distinto, sentimos distinto y perseguimos intereses distintos.
El verdadero hallazgo de la democracia fue otro, mucho más humilde pero mucho más inteligente.
Descubrió que no era necesario que todos pensaran igual para convivir.
Bastaba con que todos aceptaran las mismas reglas y se respetasen mutuamente.
Ese fue el espíritu de la Transición española. No porque desaparecieran las diferencias ideológicas, sino porque antiguos adversarios comprendieron algo elemental: ninguna España podía imponerse definitivamente sobre la otra sin arrastrar al país a una nueva tragedia.
La Constitución de 1978 fue precisamente eso. Un pacto. Una renuncia colectiva. Cada cual abandonó una parte de sus aspiraciones máximas para construir un espacio común donde todos pudieran seguir defendiendo legítimamente sus ideas sin excluirse.
Cataluña participó plenamente en ese acuerdo. No fue una excepción. No fue una imposición. Los catalanes respaldaron aquel pacto constitucional con mayor intensidad que ninguna otra región española. Aceptaron las reglas igual que el resto de los españoles. Y durante décadas esas reglas permitieron el mayor período de libertad, prosperidad y autogobierno de toda la historia contemporánea de España.
El problema aparece cuando alguien decide que las reglas sólo son obligatorias mientras sirven a sus intereses.
Porque ahí deja de hablarse de democracia y empieza a hablarse de poder.
Conviene detenerse aquí un instante. Porque alguien podría objetar: ¿acaso no tiene derecho una minoría a cuestionar el pacto que un día aceptó?
La respuesta es sí. Por supuesto que lo tiene. Cuestionar es pensar, y pensar es libre.
Pero existe una diferencia radical —aunque a menudo se intente disimular— entre cuestionar y quebrantar.
La propia Constitución prevé mecanismos no sólo para reformarla, sino incluso, en un plano teórico extremo, para su eventual sustitución mediante los procedimientos que ella misma establece.
El derecho a discrepar está blindado. Lo que no está blindado es el derecho a ignorar las reglas porque no se dispone de la fuerza legal necesaria para modificarlas.
Cuando eso ocurre, cuando la discrepancia deja de ser palabra y se convierte en hecho consumado al margen de la norma, entonces ya no estamos ante una opinión.
Estamos ante una imposición.
Los nacionalismos identitarios han desarrollado una extraordinaria habilidad para envolver sus objetivos políticos en nobles conceptos culturales.
Hablan de lengua cuando pretenden hablar de poder. Hablan de identidad cuando pretenden hablar de privilegios. Hablan de agravios cuando pretenden hablar de hegemonía. Y hablan de convivencia mientras erosionan sistemáticamente los instrumentos que la hacen posible.
Oscar Wilde decía que el lenguaje fue inventado para ocultar los pensamientos de los hombres. Pocas veces la observación ha resultado tan pertinente. Porque cuando una lengua deja de ser un vehículo de comunicación para convertirse en una herramienta de diferenciación política, ya no estamos ante una política cultural. Estamos ante una estrategia de construcción identitaria.
Un ejemplo reciente, pequeño en apariencia pero enorme en significado, lo ilustra con claridad.
Durante la visita de León XIV a España, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, tomó al Santo Padre por el brazo y, en las propias Cortes españolas, utilizó el inglés para pedirle que, durante su estancia en Cataluña, hablara en catalán.
El mismo día, el presidente de la Generalidad entregó al Pontífice una carta en la que le solicitaba que calificara a Cataluña como nación y que utilizara el catalán en sus intervenciones.
Todo ello al margen de los cauces protocolarios que habitualmente acompañan este tipo de visitas.
¿Qué hay detrás de esta extemporaneidad?
Una estrategia deliberada: aprovechar el impacto del momento, la cortesía del huésped y la dificultad de responder sin parecer descortés para introducir por la vía del hecho consumado lo que no se contempló por la vía del pacto.
No se trata de una ocurrencia improvisada. Es la forma de actuar del nacionalismo identitario y que aplica con frecuencia: cuando no dispone de la fuerza legal necesaria, recurre a la fuerza simbólica, aunque ello suponga desvirtuar el sentido de una visita, instrumentalizar una figura universal o alterar las reglas implícitas de la convivencia institucional.
Porque el objetivo último no consiste en que el Papa pronuncie unas palabras en una lengua determinada. Eso sería anecdótico. El verdadero objetivo consiste en apropiarse simbólicamente de su figura para presentarla ante la opinión pública como un respaldo moral a una determinada causa política.
Se trata de trasladar al imaginario colectivo la idea de que quien representa a más de mil millones de católicos comparte, ampara o legitima unas tesis que pertenecen exclusivamente al terreno de la disputa política.
Sin embargo, esa pretensión encierra una contradicción difícil de ocultar.
León XIV no acudió a España para bendecir proyectos nacionales particulares, ni para arbitrar disputas territoriales, ni para intervenir en debates identitarios.
Acudió a recordar principios universales: la dignidad de la persona, el diálogo, la reconciliación y la paz civil.
Precisamente aquellos principios que pierden todo significado cuando se utilizan como herramientas al servicio de estrategias de confrontación.
Por eso resulta paradójico que quienes más insisten en apropiarse simbólicamente de sus palabras parezcan ignorar el núcleo de su mensaje.
Porque el Papa habló de puentes mientras otros continúan levantando muros. Habló de encuentro mientras otros convierten las diferencias en trincheras. Habló de una comunidad humana unida por lo que comparte mientras algunos necesitan exagerar, reinterpretar o incluso fabricar agravios para justificar proyectos políticos que sólo prosperan allí donde la convivencia retrocede y la división avanza.
Y quizá ahí resida la verdadera dimensión del episodio: no en la lengua utilizada, sino en el intento de convertir una autoridad moral universal en un instrumento al servicio de una causa política interesada.
Cuando eso ocurre, ya no estamos ante un gesto de cortesía cultural. Estamos ante un intento de colonización simbólica de una figura cuya misión consiste precisamente en situarse por encima de las trincheras.
Sin embargo, sería ingenuo interpretar estos episodios como simples iniciativas personales surgidas al margen de la realidad política española. Porque detrás de cada gesto existe siempre un contexto; y detrás de cada contexto, unos intereses.
La verdad es probablemente más sencilla de lo que parece.
El presidente de la Generalidad que entregó aquella carta al Santo Padre pertenece al mismo partido que el presidente del Gobierno. Fue ministro suyo. La diputada que retuvo al Papa por el brazo en las Cortes es portavoz de una formación independentista cuyo apoyo resulta imprescindible para la supervivencia parlamentaria del Ejecutivo.
A partir de ahí, los hechos adquieren otra perspectiva.
El Gobierno necesita a Junts para completar la legislatura. El dirigente que continúa residiendo en Waterloo lo sabe y exige concesiones que el Ejecutivo no puede, o no le conviene, otorgar abiertamente. En ese contexto, la proyección simbólica adquiere un valor político extraordinario porque el objetivo no consistía necesariamente en obtener una declaración explícita del Papa a favor de ninguna tesis política. Bastaba con algo mucho más sutil: aprovechar la relevancia internacional de la visita para reforzar una determinada imagen de Cataluña ante la opinión pública mundial y ofrecer a los sectores nacionalistas un escaparate simbólico difícilmente repetible.
Observado desde esta perspectiva, algunos aspectos aparentemente secundarios de la visita adquieren una significación distinta.
Durante toda la legislatura, el Gobierno ha reivindicado de forma constante el carácter aconfesional del Estado y ha procurado mantener una visible distancia respecto de los actos religiosos. Esa orientación quedó reflejada en la organización de ceremonias civiles en tragedias de enorme impacto colectivo, desde la pandemia hasta la DANA o el accidente ferroviario de Andalucía, evitando en todos los casos otorgar protagonismo institucional a celebraciones de carácter litúrgico.
Por eso resulta difícil no reparar en el contraste.
Si esa ha sido la pauta mantenida durante años, ¿por qué la principal celebración religiosa de la visita papal en Madrid no dejó rastro alguno de una presencia destacada del presidente del Gobierno? ¿Por qué tampoco aparece una implicación semejante en los actos litúrgicos celebrados en Canarias? Y, sin embargo, ¿por qué en Barcelona asistió acompañado por su esposa y por una nutrida representación ministerial cuya presencia fue ampliamente difundida y documentada?
La respuesta difícilmente puede encontrarse en razones religiosas, porque esas mismas razones habrían sido igualmente válidas para Madrid o Canarias. Tampoco parece residir en una súbita modificación de la concepción aconfesional que el propio Ejecutivo ha defendido durante años.
La explicación políticamente más coherente apunta en otra dirección: la necesidad de preservar unos apoyos parlamentarios sin los cuales la legislatura difícilmente podría prolongarse.
Desde esa perspectiva, la etapa catalana de la visita dejaba de ser únicamente un acontecimiento religioso para convertirse en una oportunidad política de extraordinario valor simbólico, capaz de proyectar internacionalmente una determinada imagen de Cataluña y de ofrecer a los sectores nacionalistas un reconocimiento indirecto que no podían obtener por otras vías.
No sería una demostración, pero sí una interpretación compatible con los incentivos políticos existentes y con la secuencia de acontecimientos observada durante la visita.
Así que no, el Gobierno no quedó en una posición incómoda porque los nacionalistas le desbordaran.
Quedó en una posición incómoda porque permitió el desborde. Y lo permitió porque el desborde le resultaba útil. Más útil que la cortesía debida al Santo Padre. Más útil que preservar la dignidad institucional. Más útil, incluso, que la imagen de España proyectada durante una visita de alcance mundial.
La gravedad del asunto no reside únicamente en la incorrección protocolaria.
Reside en la utilización de una autoridad moral universal para fines políticos coyunturales.
León XIV acudió a España para predicar convivencia.
Convertir esa presencia en una herramienta al servicio de intereses parlamentarios circunstanciales supone desvirtuar el sentido mismo de la visita.
La imagen que queda ante el mundo es la de un gobierno que utiliza al Papa para seguir gobernando.
No hay manera elegante de decirlo. No hay manera suave. Solo queda la verdad.
Pero quizá lo verdaderamente importante no sea siquiera el episodio concreto que acabamos de contemplar.
Porque los protagonistas pasarán. Pasarán los gobiernos, pasarán los partidos, pasarán las coyunturas parlamentarias y pasarán también las controversias que hoy ocupan titulares.
Lo que permanecerá será una cuestión mucho más profunda: el respeto —o el desprecio— hacia las reglas que hacen posible la convivencia.
Ningún proyecto político tiene derecho a sustituir la ley por el hecho consumado.
Porque cuando los procedimientos democráticos existentes no permiten alcanzar determinados objetivos y se decide actuar al margen de ellos, ya no estamos ante un ejercicio legítimo de libertad política.
Estamos ante una impugnación del propio sistema democrático.
César Valdeolmillos Alonso