Cartas al Director
Del Pegasus al Estrecho
Cómo el silencio político, la dependencia estratégica de Marruecos y el debilitamiento operativo del Estado coincidieron con la expansión del narcotráfico en el sur de España
“El Estado pierde su legitimidad cuando deja de parecer más fuerte que aquellos a quienes combate.”
Raymond Aron
César Valdeolmillos Alonso | 14.05.2026
Durante años, asociaciones policiales, mandos operativos y sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional repitieron la misma advertencia: el narcotráfico en el sur de España estaba dejando de ser un fenómeno criminal para convertirse en un problema de soberanía. Mientras las narcolanchas ganaban potencia, organización y violencia, los agentes denunciaban falta de medios, plantillas insuficientes y una creciente sensación de abandono institucional.
Al mismo tiempo, el Gobierno español iniciaba la etapa de mayor aproximación diplomática a Marruecos en décadas. La crisis de Ceuta desaparecía, el discurso político se suavizaba y la cautela frente a Rabat comenzaba a convertirse en política de Estado.
Quizá todo ello fueran simplemente hechos independientes. O quizá no.
Porque las democracias rara vez se deterioran de manera súbita. Lo hacen lentamente, cuando ciertas preguntas dejan de formularse y determinadas contradicciones empiezan a aceptarse como normales.
El Estado frente al espejo del Estrecho
Las imágenes de Barbate dejaron algo más profundo que indignación. Dejaron una sensación de desconcierto nacional.
Una narcolancha embistiendo a una embarcación de la Guardia Civil no era únicamente un episodio criminal. Era la representación visual de algo mucho más inquietante: organizaciones del narcotráfico actuando con una sensación creciente de superioridad operativa frente al propio Estado.
Aquella noche murieron dos guardias civiles. No fue un accidente laboral. Y no era imprevisible la tragedia.
La asimetría de una guerra desigual
Durante años, asociaciones profesionales como JUCIL, AUGC o JUPOL habían denunciado públicamente una situación que, lejos de mejorar, parecía cronificarse: embarcaciones insuficientes frente a narcolanchas mucho más potentes; escasez de agentes especializados; déficit de medios tecnológicos y vigilancia marítima; deterioro de infraestructuras; y una sensación creciente de inferioridad operativa sobre el terreno.
Algunos agentes denunciaban además carecer de chalecos tácticos flotantes adecuados para intervenciones marítimas de alto riesgo. La consecuencia práctica de esa carencia resultaba tan simple como brutal: caer herido al agua durante una embestida podía equivaler tanto a morir por el impacto como a morir ahogado.
A ello se sumaba una realidad especialmente inquietante en el Estrecho. Los guardias civiles debían actuar sometidos a estrictas normas de proporcionalidad y uso de la fuerza, propias de un Estado de Derecho. Frente a ellos operaban organizaciones criminales que embestían embarcaciones policiales, huían a gran velocidad incluso entre bañistas y estaban dispuestas a utilizar sus narcolanchas como auténticos arietes contra quienes intentaban detenerlas.
A esa inferioridad material se sumaba un salto cualitativo aún más inquietante: el armamento. El narcotráfico del sur ya no se limitaba a huir con motores más potentes. En distintas operaciones aparecieron ya fusiles de asalto AK-47, AR-15, subfusiles tipo UZI, pistolas, munición, inhibidores y equipos de vigilancia. En algunos casos, los agentes no encontraron solo droga, sino auténticos dispositivos de custodia armada del alijo.
Algunas asociaciones profesionales denunciaron además restricciones operativas incluso en el uso de determinados medios disuasorios, como las pelotas de goma, en actuaciones contra narcolanchas. La imagen resultaba difícil de ignorar para muchos agentes destinados en el Estrecho: mientras las organizaciones criminales comenzaban a incorporar fusiles de asalto y armamento propio de escenarios de guerra, quienes debían enfrentarse a ellas seguían percibiendo limitaciones materiales y operativas crecientes sobre el terreno.
La diferencia era esencial: frente a agentes obligados a actuar bajo las exigencias legales propias de un Estado de Derecho, comenzaban a aparecer organizaciones criminales que disparaban ráfagas, embestían embarcaciones y protegían sus alijos con armas concebidas para la guerra.
Ésa era la asimetría real: no la ley frente al delito en abstracto, sino hombres obligados a cumplir la ley frente a delincuentes que no reconocían límite alguno. Y si además esos agentes carecían de medios suficientes —embarcaciones adecuadas, chalecos tácticos flotantes, apoyo inmediato o una superioridad operativa clara—, el cumplimiento del deber comenzaba a confundirse peligrosamente con la simple exposición a la muerte.
Cuando el deber empieza a parecerse al sacrificio
El resultado psicológico de esa combinación era devastador. Muchos agentes comenzaron a trabajar con la percepción de que determinadas intervenciones contra el narcotráfico habían dejado de ser operativos de alto riesgo para convertirse, sencillamente, en situaciones donde podían no regresar.
Y aun así salían.
Salían porque ése era su deber.
No eran denuncias aisladas ni fruto de una oposición política coyuntural. Eran advertencias repetidas por quienes trabajaban diariamente frente a las redes criminales del Estrecho.
Y, sin embargo, el discurso institucional insistía en transmitir normalidad y control.
La gran paradoja de estos años es que mientras el Gobierno anunciaba operaciones exitosas y planes especiales de seguridad, el narcotráfico evolucionaba hacia estructuras cada vez más violentas, descentralizadas y sofisticadas.
Porque el narco aprende.
Y cuando un Estado actúa con lentitud burocrática frente a organizaciones criminales que evolucionan más rápido que él, la distancia entre ambos empieza a reducirse peligrosamente.
El Campo de Gibraltar dejó de ser únicamente una ruta de entrada de hachís.
Pasó a convertirse en un laboratorio criminal: blanqueo de capitales; corrupción local; logística marítima avanzada; redes internacionales; uso de armas de guerra; y capacidad creciente de intimidación territorial.
Mientras tanto, el Estado parecía responder mediante planes temporales a un problema estructural.
El cierre de OCON-Sur y las preguntas pendientes
La cuestión más controvertida de todas llegó en 2022 con el desmantelamiento de OCON-Sur.
Aquella unidad especializada de la Guardia Civil había sido creada específicamente para combatir el narcotráfico en el sur de España mediante inteligencia operativa, coordinación territorial y especialización sostenida.
El Ministerio del Interior defendió entonces que el desmantelamiento de OCON-Sur respondía a una reorganización interna que no disminuiría la presión sobre el narcotráfico. Sin embargo, muchos agentes jamás comprendieron la lógica de una decisión que coincidió en el tiempo con el aumento de la violencia, la expansión territorial de las rutas narco y una sensación creciente de pérdida de control operativo en el Estrecho.
Y en seguridad, como en medicina, desmantelar un equipo especializado nunca es un acto neutro.
Puede redistribuirse el personal, pero no siempre puede redistribuirse la experiencia.
Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles de forma progresiva. Las rutas del narcotráfico se expandieron hacia Huelva, Málaga y Almería. Las narcolanchas aumentaron su presencia. La violencia creció. Y las redes criminales comenzaron a actuar con una audacia que habría parecido impensable apenas unos años antes.
Marruecos, Pegasus y una cronología incómoda
Todo ello ocurría mientras la relación política entre España y Marruecos atravesaba una etapa extraordinariamente delicada y contradictoria. Porque conviene recordar un hecho elemental frecuentemente olvidado en el debate público: Marruecos continúa siendo el principal productor mundial de hachís destinado al mercado europeo.
Eso sitúa a España en una posición compleja.
El Gobierno español necesita cooperar intensamente con Rabat en inmigración, terrorismo, control fronterizo, inteligencia y lucha antidroga.
Pero al mismo tiempo, una parte esencial del narcotráfico que golpea Andalucía procede precisamente del otro lado del Estrecho.
Esa contradicción geopolítica no es nueva.
Lo nuevo fue la percepción creciente de prudencia extrema por parte del Gobierno español hacia Marruecos después del caso Pegasus y del giro sobre el Sáhara Occidental.
No existe prueba pública de que esa relación diplomática condicionara directamente la lucha contra el narcotráfico.
Y afirmarlo sería irresponsable.
Pero sí existe una secuencia objetiva de hechos: espionaje al presidente del Gobierno; giro histórico sobre el Sáhara; recomposición acelerada de relaciones con Rabat; desaparición de OCON-Sur; denuncias policiales reiteradas; sensación de insuficiencia operativa; y crecimiento de la violencia narco.
Cada uno de esos hechos puede analizarse aisladamente, pero el problema aparece cuando todos coinciden en la misma línea temporal.
Porque entonces surge una pregunta inevitable: ¿estaba el Estado español actuando con toda la firmeza que la situación requería?
Algo más que un problema policial
Quizá el error más profundo haya sido considerar el narcotráfico únicamente como un problema policial.
No lo es. El narcotráfico termina alterando economías locales, instituciones, percepción de autoridad, tejido social y, finalmente, la propia cultura democrática.
Cuando una organización criminal logra que parte de una población contemple con normalidad las narcolanchas surcando las costas a plena luz del día, el problema ya no pertenece únicamente al ámbito de la seguridad.
Pertenece al ámbito moral del Estado. Y ahí reside la gran inquietud que hoy atraviesa el sur de España.
No solamente el miedo a la violencia criminal. Sino algo quizá más grave: la sospecha creciente de que el Estado comenzó hace tiempo a retroceder psicológicamente frente a ella.
Las naciones rara vez se derrumban de golpe.
Primero dejan de imponer respeto.
Después terminan acostumbrándose a no imponerlo.
César Valdeolmillos Alonso