Cartas al Director
El silencio tras Pegasus
Del espionaje al Estrecho: preguntas incómodas cinco años después
“Una nación se revela no sólo por los hombres que produce,
sino también por los hombres a quienes honra y recuerda.”John F. Kennedy
César Valdeolmillos Alonso | 13.05.2026
Cinco años después, algunas preguntas siguen sin respuesta
La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía calificó recientemente como “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles asesinados por una narco lancha en Barbate. Poco antes, el ministro del Interior había utilizado expresiones similares para referirse a unos hechos que no fueron fruto del azar ni de una fatalidad mecánica, sino de un episodio extremo de violencia criminal en el Estrecho.
Las palabras importan. Porque a veces una frase revela más sobre un tiempo político que cien comparecencias oficiales.
Cuatro guardias civiles han muerto en los últimos años en actuaciones vinculadas al narcotráfico en el sur de España. Y lo verdaderamente inquietante no es únicamente la brutalidad de los hechos, sino la sensación creciente de que el Estado llegó tarde, mal o insuficientemente preparado a una amenaza que llevaba años anunciándose.
Ese mismo ministro del Interior bajo cuyo mandato se produjo el desmantelamiento de OCON-Sur —la unidad especializada de la Guardia Civil creada para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar— había defendido durante años que la situación estaba bajo control. Entretanto, asociaciones policiales y mandos operativos denunciaban falta de medios marítimos y de equipamiento, plantillas insuficientes y una pérdida progresiva de capacidad disuasoria frente a organizaciones criminales cada vez más violentas.
Pero quizá la pregunta más inquietante no sea únicamente por qué se debilitó la presión contra el narcotráfico.
La verdadera pregunta es cuándo comenzó a cambiar la relación política entre el Gobierno español y Marruecos.
Porque resulta difícil comprender muchas de las decisiones posteriores sin retroceder hasta otro episodio aparentemente desconectado y que hoy, cinco años después, parece cubierto por una extraña capa de silencio institucional.
El caso Pegasus.
Hubo un tiempo en que España miraba a Marruecos con la prudencia propia de los viejos vecinos condenados a entenderse, pero también con la dignidad mínima de quien sabe que la soberanía no consiste únicamente en custodiar fronteras, sino en conservar intacta la capacidad de decidir sin temor.
Algo cambió.
No ocurrió de repente. No hubo una declaración solemne ni una rendición visible. Las naciones serias rara vez se inclinan de manera teatral. Lo hacen poco a poco: mediante silencios, rectificaciones discretas, prioridades alteradas y una extraña cautela allí donde antes existía firmeza.
Cinco años después del caso Pegasus, hay preguntas que continúan sin respuesta. Y el problema ya no es únicamente saber quién espió el teléfono del presidente del Gobierno. El verdadero problema es comprender qué consecuencias políticas, diplomáticas e institucionales tuvo aquel episodio sobre la relación entre España y Marruecos.
Porque el espionaje existió.
Eso ya no pertenece al terreno de las sospechas ni de las teorías. El propio Gobierno reconoció públicamente el 2 de mayo de 2022 que el teléfono móvil de Pedro Sánchez había sido infectado mediante Pegasus, el sofisticado software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group. También se confirmó la infección del teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Según la información oficial facilitada entonces, la intrusión en el dispositivo del presidente se produjo en mayo de 2021 y permitió la extracción de aproximadamente 2,6 gigabytes de información.
Es decir: el teléfono del jefe del Gobierno de España, un año antes, había sido vulnerado.
No un teléfono cualquiera.
El del presidente del Ejecutivo de una potencia europea miembro de la OTAN.
Y, sin embargo, el país apenas obtuvo explicaciones.
La investigación judicial terminó prácticamente bloqueada. La Audiencia Nacional no logró identificar autores materiales debido a la ausencia de cooperación internacional suficiente y a las limitaciones técnicas derivadas del propio diseño del software.
A día de hoy no existe una atribución judicial concluyente. Pero la política rara vez se mueve únicamente por certezas judiciales.
En política internacional también pesan los contextos, los intereses y las capacidades. Y el contexto de aquel espionaje resulta extraordinariamente significativo.
En abril de 2021 el Gobierno español permitió la entrada en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para recibir tratamiento médico en Logroño. Marruecos interpretó aquella decisión como una afrenta directa.
Un mes después se produjo la crisis de Ceuta, en la que miles de inmigrantes cruzaron la frontera ante la pasividad de las fuerzas marroquíes. Europa contempló entonces imágenes impropias de una frontera exterior de la Unión Europea: menores nadando, familias atravesando espigones y un Estado desbordado en cuestión de horas.
Aquello no fue simplemente una crisis migratoria. Fue una demostración de poder.
Marruecos enviaba un mensaje inequívoco: la estabilidad fronteriza española dependía, en buena medida, de la voluntad de Rabat. Y es precisamente en esas fechas cuando se produce el espionaje al teléfono del presidente del Gobierno.
No existe prueba pública definitiva que permita afirmar que Marruecos estuvo detrás de Pegasus. Pero tampoco puede ignorarse que distintos organismos europeos y numerosas investigaciones periodísticas internacionales señalaron al reino alauí como principal sospechoso geopolítico.
El Parlamento Europeo llegó a considerar plausible la implicación marroquí.
Y entonces ocurrió el gran giro.
En marzo de 2022, apenas unos meses antes de hacerse público el espionaje, Pedro Sánchez remitió una carta al rey Mohamed VI apoyando el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.
Aquella decisión rompía décadas de equilibrio diplomático español.
Pero lo más relevante no fue solo el contenido. Fue la forma: el cambio no fue debatido en el Parlamento. No se sometió a consenso de Estado. No fue explicado previamente a la opinión pública.
Ni siquiera buena parte del propio Gobierno pareció conocer el alcance exacto de la decisión hasta que Marruecos hizo pública la carta. Y ese detalle posee una enorme carga simbólica.
No fue el Gobierno español quien anunció al país un giro histórico sobre el Sáhara. Fue la Casa Real marroquí.
A partir de ese momento cambió radicalmente la relación bilateral: se recompusieron las relaciones diplomáticas, se restableció la cooperación migratoria, disminuyó la presión fronteriza, las reuniones bilaterales recuperaron normalidad, y el Gobierno español adoptó una actitud extraordinariamente prudente respecto a Marruecos incluso en medio del escándalo Pegasus.
Ninguna gran crisis diplomática, ninguna expulsión de diplomáticos, ninguna escalada pública comparable a la que otros países europeos protagonizaron en episodios semejantes. El Ejecutivo optó por priorizar la estabilidad de la relación.
Y ahí nace la pregunta que jamás ha sido respondida de manera plenamente convincente:
¿Por qué?
Es importante subrayarlo con claridad. No existen pruebas públicas que permitan sostener una tesis de chantaje directo. No existe evidencia conocida de que Marruecos utilizara información obtenida mediante Pegasus para condicionar expresamente al Gobierno español.
Pero la ausencia de prueba judicial no elimina la dimensión política del problema, porque el asunto nunca fue únicamente qué información pudo extraerse.
El problema era otro: que el Gobierno español supiera que un actor extranjero podía haber accedido al núcleo de sus comunicaciones.
Eso modifica inevitablemente cualquier relación diplomática. Especialmente cuando el país sospechoso controla variables estratégicas decisivas para España: inmigración irregular, cooperación antiterrorista, estabilidad fronteriza, inteligencia compartida, narcotráfico, y seguridad en Ceuta y Melilla.
Las relaciones entre Estados no funcionan solo mediante amenazas explícitas. A veces basta con la conciencia de una vulnerabilidad.
Y desde entonces la política española hacia Marruecos ha estado marcada por una prudencia milimétrica.
Puede discutirse si esa prudencia era necesaria. Lo que resulta mucho más difícil es negar que existiera.
Mientras tanto, el debate público español parecía avanzar en dirección contraria. El caso Pegasus desapareció progresivamente del centro de la conversación política y la investigación judicial se diluyó, las explicaciones institucionales quedaron incompletas, y el mayor episodio conocido de vulneración tecnológica sufrido por un presidente del Gobierno español terminó convirtiéndose en una especie de recuerdo incómodo que nadie parecía interesado en revisitar demasiado.
Quizá porque hacerlo obligaría a formular preguntas verdaderamente desagradables.
¿Hasta qué punto puede actuar con plena autonomía un Gobierno cuya cúpula ha sido vulnerada tecnológicamente? ¿Puede una democracia permitirse una relación estratégica basada en silencios tan densos? ¿Dónde termina la diplomacia pragmática y dónde comienza la dependencia?
Cinco años después, esas preguntas continúan abiertas.
Tal vez lo más inquietante no sea la posibilidad de que España fuera espiada. Las grandes potencias y los Estados vecinos se espían desde hace siglos.
Lo verdaderamente inquietante sería otra cosa. Que un país termine acostumbrándose a no exigir respuestas. Porque hay silencios diplomáticos que con el tiempo dejan de parecer prudencia y empiezan a parecer miedo.
César Valdeolmillos Alonso