Cartas al Director
Estar sin ser
Cuando la permanencia sustituye a la acción y el poder deja de ser instrumento para convertirse en posición.
“Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad;
pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder.”Abraham Lincoln
César Valdeolmillos Alonso | 27.02.2026
Hay momentos en la vida política de un país en los que las palabras dejan de describir la realidad y empiezan a ocultarla. Se habla de gobernabilidad, de mayorías plurales y de diálogo parlamentario. Pero ese diálogo rara vez se orienta a la búsqueda de consensos reales, sino que convive con una dinámica de confrontación permanente en la que el Gobierno se sitúa como oposición de la propia oposición, a la que responsabiliza de forma reiterada de cualquier mal existente o venidero mientras levanta un muro político que dificulta cualquier alternancia. Tras esa retórica, lo que aparece es algo mucho más simple y mucho más lesivo: un Gobierno que permanece, pero no gobierna; que ocupa el poder, pero no lo puede ejercer. En suma, un poder que está sin ser.
La legislatura actual ha convertido esa paradoja en rutina. Iniciativas legislativas que decaen, decretos trampa que naufragan, votaciones que terminan en derrota, proyectos que se anuncian y se retiran antes siquiera de ser defendidos. El Parlamento, que debería ser el lugar donde se articula la acción política, se ha transformado en el espacio donde se certifica su imposibilidad que se intenta ocultar con la procacidad, la afrenta y el insulto. Y la mayoría de las pocas propuestas que llegan a prosperar, lejos de orientarse a la construcción de un futuro compartido y esperanzador, vuelven la mirada hacia un pasado cargado de agravios que reabre viejas heridas y alimenta la confrontación entre compatriotas.
El origen de esta situación es conocido y no admite mayor misterio: una investidura construida sobre apoyos heterogéneos, cuando no abiertamente contradictorios. Partidos que coinciden únicamente en un objetivo coyuntural: sostener a un ejecutivo frágil convertido en punto de apoyo desde el que cada socio trata de extraer su propia ventaja, pero que divergen de forma profunda en lo territorial, en lo económico, en lo institucional y en lo ideológico. Esa diversidad, presentada como riqueza democrática, ha terminado operando como una limitación estructural. Lo que para investir basta, para gobernar no alcanza.
La consecuencia práctica ha sido la acumulación de derrotas parlamentarias que, lejos de constituir episodios aislados, dibujan un patrón persistente. Proyectos que no superan el trámite legislativo por el voto negativo de quienes sostienen al Ejecutivo. Medidas que quedan bloqueadas porque los apoyos de ayer se convierten en vetos de hoy. Negociaciones interminables que desembocan en textos irreconocibles o, directamente, en su abandono.
El caso más emblemático de esa impotencia operativa es el de los Presupuestos Generales del Estado. Durante tres años consecutivos el país ha vivido sin el instrumento básico de planificación económica de cualquier gobierno. No se trata solo de una anomalía técnica, sino de un síntoma político. La ausencia de presupuestos no refleja únicamente dificultad negociadora; revela la incapacidad de articular una mayoría estable en torno al proyecto gubernamental. Y lo más significativo no es que no se hayan aprobado, sino que, en ocasiones, ni siquiera se han presentado. La renuncia preventiva a someterlos a votación, para evitar derrotas previsibles, constituye la expresión más nítida de un poder que se reconoce incapaz de imponerse.
En ese contexto, el Gobierno transita entre el anuncio y la rectificación, entre la iniciativa y el repliegue. La política se convierte en gestión del día a día, en administración de equilibrios frágiles, en supervivencia parlamentaria. Gobernar deja de ser dirigir y pasa a ser resistir. No se gobierna desde un proyecto, sino desde la aritmética. No se decide en función de un programa, sino de la disponibilidad momentánea de apoyos. Y cuando esos apoyos se fragmentan, la acción se paraliza.
Esta dinámica produce un efecto acumulativo que trasciende al propio Ejecutivo. El país entra en una suerte de suspensión política donde las grandes reformas se aplazan, las decisiones estratégicas se difieren y la agenda pública se reduce a lo urgente. Las instituciones continúan funcionando, pero lo hacen en modo inercial. La normalidad formal convive con una anormalidad sustantiva: la ausencia de impulso.
No es la primera vez que un gobierno minoritario enfrenta dificultades parlamentarias. La historia democrática española y la comparada están llenas de ejecutivos que negociaron cada voto. Pero existe una diferencia decisiva entre negociar y depender. Negociar implica margen; depender implica subordinación. En el primer caso, el Gobierno persuade; en el segundo, solicita. Y cuando el voto ajeno deja de ser complemento y pasa a ser condición de existencia, el poder se transforma en concesión.
Ahí es donde emerge la paradoja central de esta legislatura. Un presidente que ocupa el cargo más relevante del poder ejecutivo, pero cuya capacidad de acción está condicionada por actores que pueden bloquear su iniciativa en cualquier momento. Un liderazgo que debe calibrar cada propuesta no por su conveniencia política o su coherencia programática, sino por su viabilidad aritmética. La autoridad se vuelve contingente; la decisión, provisional.
Frente a esa situación, la tradición política ofrece una salida clásica: devolver la palabra a los ciudadanos. Cuando la mayoría parlamentaria se vuelve inviable, cuando la acción de gobierno queda bloqueada, cuando la legislatura se convierte en una sucesión de obstáculos, la convocatoria electoral aparece como mecanismo de desbloqueo. No como derrota, sino como recurso democrático para recomponer la representación y restaurar la gobernabilidad.
Sin embargo, esa opción no figura en la agenda del Gobierno. La legislatura se arrastra agonizante. El Ejecutivo se aferra a su posición con una determinación que transforma cada contingencia en un motivo más para no moverse. aun cuando su margen operativo se limita a frenar las iniciativas que le lanzan oposición y socios y a responderlas sin capacidad real de impulsar una agenda propia. El enfermizo afán de poder se impone a la necesidad del país. Y en ese empecinamiento es donde la paradoja adquiere su dimensión más profunda.
Porque mantenerse en el poder sin capacidad de ejercerlo plantea una pregunta inevitable sobre la naturaleza misma de la permanencia. ¿Qué significa ocupar una responsabilidad que no puede desplegarse plenamente? ¿Qué valor tiene el cargo cuando la acción que lo justifica se vuelve intermitente o imposible? ¿En qué momento la continuidad deja de ser estabilidad y pasa a ser inmovilidad?
La respuesta reside en la psicología del gobernante, no en la estrategia partidista, sino en la ciega ambición del poder por el poder. El poder institucional no es solo instrumento de transformación; es también espacio de presencia, plataforma simbólica, posición de influencia. Estar en el poder otorga visibilidad, capacidad de agenda, control del tiempo político. Incluso cuando la acción legislativa se ralentiza, la ocupación del poder sigue teniendo efectos.
Pero para un país, la permanencia sin acción tiene graves costes. La política no es únicamente representación; es también decisión. No basta con que las instituciones existan; deben operar con eficacia. Cuando la dinámica parlamentaria se convierte en un campo de vetos cruzados y equilibrios precarios, la percepción social se resiente. Surge la sensación de que el sistema funciona prendido con alfileres, pero no resuelve; de que la política es un lastre que impide el avance.
Ese clima de bloqueo no solo incomoda: erosiona. No lo hace de forma espectacular ni visible, sino lenta y persistentemente, como todo lo que se degrada sin romperse. La democracia no se resiente únicamente cuando el poder se extralimita; también cuando se vuelve incapaz de cumplir su función. Cuando gobernar se sustituye por resistir, cuando decidir se cambia por aplazar y cuando la legislatura se transforma en una estrategia de supervivencia, el deterioro institucional deja de ser una hipótesis para convertirse en un hecho.
En ese punto, el debate ya no puede reducirse a la disputa partidista ni al recuento de votaciones fallidas. La cuestión es más profunda: ¿Qué significa para un país sostener durante años un poder que carece de capacidad efectiva para actuar? ¿Qué consecuencias tiene para la confianza colectiva contemplar cómo el cargo permanece mientras la acción se desvanece? ¿Qué mensaje transmite a la sociedad un sistema donde la permanencia se impone a la eficacia?
Estar sin ser es intentar conducir un coche sin motor. Permanecer en el lugar donde se decide, pero sin poder decidir. Ocupar la posición desde la que se gobierna, pero sin la capacidad real de gobernar. Un poder teórico sostenido por una aritmética variable que, lejos de impulsar la acción, la somete al permiso ajeno.
Y cuando esa situación se hace crónica, la cuestión deja de ser política para adquirir una dimensión ética. Si la función no puede ejercerse, si la iniciativa se diluye en la negociación interminable y si la decisión se posterga como norma, lo que subsiste ya no es gobierno, sino permanencia. No liderazgo, sino ocupación. No dirección, sino mera presencia institucional.
Porque el poder que no se ejerce no desaparece: se vacía. Y al vaciarse, arrastra consigo la credibilidad de las instituciones, la confianza de los ciudadanos y la propia idea de que la política sirve para transformar la realidad y no solo para administrar la posición de quien la ocupa.
La historia política demuestra que los sistemas no se debilitan únicamente por el abuso del poder, sino también por su simulacro.
Y nada resulta más corrosivo para una democracia que la normalización de un poder que permanece aun cuando ha dejado de poder.
Cuando el poder se convierte en lugar y no en función, deja de ser gobierno para convertirse en estancia.
Porque al final, la pregunta que queda en pie no interpela a un dirigente concreto, sino a la lógica misma del poder.
Si gobernar es decidir, quien no decide no gobierna. Y cuando no se gobierna, permanecer deja de ser estabilidad para convertirse en ocupación.
Mantenerse sin poder ya no es resistencia política: es vacío institucional.
¿Y por qué una persona puede elegir mantenerse en el poder si no tiene el poder?
César Valdeolmillos Alonso