Cartas al Director
El respeto a las víctimas
Cuando el respeto se invoca para eludir responsabilidades,
deja de ser respeto y se convierte en coartada.
“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.”
Martin Luther King Jr.
César Valdeolmillos Alonso | 23.01.2026
El respeto a las víctimas no se mide por homenajes ni declaraciones solemnes, sino por la verdad, la prevención y la asunción de responsabilidades. Este editorial analiza el siniestro ferroviario de Adamuz desde una perspectiva moral, política y democrática, y plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué significa realmente respetar a las víctimas cuando lo que ha fallado es la misión misma de proteger a los ciudadanos?
Desde el primer momento en que se tuvo noticia del desgraciado siniestro ocurrido en Adamuz, comenzaron a escucharse voces evasivas —sobre todo de aquellos que pudieran estar más o menos implicados— apelando al respeto a las víctimas.
Cuarenta y cinco vidas truncadas: padres que no volverán a ver crecer a sus hijos, hijos condenados a aprender demasiado pronto el significado de la ausencia, hogares partidos en un antes y un después imposible de suturar. En Adamuz no hubo solo un siniestro ferroviario: hubo proyectos vitales segados, familias rotas, futuros que nunca llegarán a ser, biografías interrumpidas y un dolor íntimo que ninguna cifra, indemnización ni homenaje podrá jamás recomponer.
El verdadero respeto a las víctimas está ligado a la responsabilidad previa, no a la puntual exhibición de diligencia. Immanuel Kant lo formuló con claridad al sostener que tratar a las personas como fines implica no exponerlas a riesgos evitables. Y ese principio no se satisface por el simple hecho de actuar, invertir o declarar que se ha actuado.
Se ha afirmado que se han invertido 700 millones de euros en la línea en la que tuvo lugar la tragedia; que se han realizado obras de mantenimiento; y que dichas obras han sido verificadas. Nada de ello se discute. Lo que sí debe examinarse —porque ahí reside el núcleo de la responsabilidad— es si esas actuaciones fueron técnicamente suficientes y adecuadas a la realidad del tráfico actual. Porque la pregunta incómoda no es si se actuó, sino cómo y con qué criterios se actuó.
¿Se tuvo en cuenta el notable aumento del tráfico ferroviario sobre ese tramo?
¿Se evaluó que no solo circulan hoy muchos más trenes que cuando la infraestructura se inauguró hace más de treinta años, sino que, además, muchos de ellos son de mayor peso, incrementando de forma significativa la fatiga de los materiales y las exigencias estructurales?
Nada se ha dicho a este respecto por parte de quienes ostentan las competencias. Mientras estos extremos no sean aclarados, harían bien los responsables en mostrarse cautos ante afirmaciones indirectamente exculpatorias. Lo único incuestionable es que el siniestro se ha producido: los 45 muertos y las decenas de heridos están ahí; los hierros retorcidos, testigos mudos de la violencia del impacto, también están ahí; y están ahí, sobre todo, los deudos de las víctimas, condenados a convivir con una ausencia que ninguna explicación tardía ni ningún gesto protocolario podrá reparar.
En sistemas técnicos complejos, las casualidades rara vez existen. Siempre hay una causalidad. Cuando una infraestructura falla tras haber sido oficialmente renovada y revisada, la cuestión deja de ser meramente administrativa: pasa a ser técnica, económica y política. Y cuando la prevención se reduce a un mero cumplimiento formal y el resultado lo desmiente trágicamente, el pretendido respeto posterior —por solemne que quiera mostrarse— no es más que humo. No por falta de gestos o palabras, sino por la ausencia de los únicos hechos que importan: aquellos que esclarecen lo ocurrido, reparan en la medida de lo posible el daño causado y evitan que vuelva a repetirse.
Frente a actos solemnes, declaraciones grandilocuentes y homenajes protocolarios que no reparan nada ni mitigan en absoluto el dolor de los afectados y de los deudos de las víctimas, el respeto auténtico solo puede demostrarse de una manera: permitiendo y propiciando que se conozca cuanto antes la verdad completa de lo sucedido. Todo lo demás pertenece al ámbito de la liturgia, no al de la responsabilidad.
Y esa verdad solo puede alcanzarse mediante una investigación verdaderamente independiente, capaz de exponer ante la sociedad la realidad de los hechos y de exigir que quienes resulten responsables asuman sus responsabilidades, ya sean civiles, políticas o penales, si las hubiere. Sin verdad, sin depuración de responsabilidades y sin consecuencias, no hay respeto: hay puesta en escena.
Cuando los gestos simbólicos se instrumentalizan como supuestas muestras de respeto y se acompañan de silencios estratégicos o dilaciones tácticas, el mensaje implícito es devastador: la liturgia importa más que la verdad. Sociológicamente, eso erosiona la confianza pública; políticamente, degrada la rendición de cuentas; filosóficamente, vacía de contenido la noción misma de dignidad humana. La víctima deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de gestión del daño reputacional.
El papel del Estado y de los responsables técnicos y políticos exige aquí una crítica severa. La tentación de desresponsabilizarse —señalar a niveles intermedios, esconderse tras informes internos, convertir la investigación en trámite— es tan vieja como el poder. Pero cada omisión y cada retraso agravan el daño moral.
Precisamente por eso es imprescindible separar con nitidez dos planos que nunca deben confundirse. La acción de la justicia debe desarrollarse con serena solidez, con la independencia y las garantías que exige el Estado de Derecho, sin interferencias ni presiones de ningún tipo. Esa exigencia es irrenunciable.
Sin embargo, el respeto a los tiempos judiciales no puede convertirse en coartada política. La responsabilidad política no está supeditada a resoluciones judiciales ni a sentencias firmes. Opera en otro plano y con otra lógica: la de la rendición inmediata de cuentas por la gestión de lo público. Y en ese terreno, el paso del tiempo no exime; agrava.
En cualquier país con una cultura democrática mínimamente exigente, una tragedia de esta magnitud, ocurrida en un ámbito de responsabilidad directa, habría provocado —cuando menos— la dimisión voluntaria del responsable político del ramo. No como reconocimiento de culpa penal, sino como gesto elemental de respeto institucional hacia las víctimas, sus deudos y la sociedad en su conjunto. Porque la misión de un Gobierno no se limita a administrar recursos o gestionar procedimientos: incluye, de manera esencial, la protección de los ciudadanos, y cuando esa función básica fracasa, la responsabilidad política no puede diluirse en explicaciones ni acomodarse al ritmo de los tribunales.
Permitir que el tiempo de la justicia beneficie políticamente a quienes están bajo escrutinio no protege el Estado de Derecho: lo erosiona. Porque mientras los jueces investigan, la política no puede esconderse. Y cuando lo hace, no está defendiendo la legalidad, sino amparándose en ella para no asumir responsabilidades.
En casos tan excepcionales como este, los medios de comunicación, cuya función es consustancial a la propia existencia de una democracia, no pueden abdicar de su responsabilidad sin vaciarla de contenido. En una sociedad libre no son un actor accesorio ni un mero canal de transmisión: son garantes del control del poder, de la transparencia y del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Si renuncian a esa función —por comodidad, por cálculo o por dependencia— no solo empobrecen el debate público, sino que debilitan los pilares mismos del sistema democrático.
Sustituir la verdad por el relato tiene consecuencias profundas: normalizar la mentira útil; cambiar la justicia por la liturgia asienta la impunidad; reemplazar la memoria por el olvido administrado enseña a la sociedad que el dolor es negociable. A la larga, la instauración de esas prácticas, propias de regímenes autocráticos, es letal. No solo para las víctimas, sino para la idea misma de Estado democrático.
Respetar a quienes murieron en Adamuz —y a quienes sobrevivieron— no admite atajos ni eufemismos. Exige hechos, no palabras. Exige que el poder responda por aquello que gestiona en nuestro nombre. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, cuando tapa la verdad, también mata.
César Valdeolmillos Alonso