Familia
La Confederación Católica de Padres exige al Ministerio para la Transición Ecológica que las ayudas para climatización y eficiencia energética lleguen a todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos
28/07/26 | M. S.
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha denunciado la exclusión de los centros concertados del programa PREE Docente, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y ha reclamado al Gobierno que modifique las bases de la convocatoria para que las ayudas puedan llegar a todos los centros sostenidos con fondos públicos, con independencia de la titularidad jurídica de los edificios.
- Mejorar las condiciones ambientales de los colegios
- Obligación de las administraciones públicas
- Calidad del aire
- Discriminación por titularidad jurídica
- Son ayudas de origen europeo
- "Sesgo ideológico"
- Solicita al Gobierno que modifique las bases
María Ángela Melero, presidenta de CONCAPA.
La organización considera que resulta "injustificable" que unos fondos públicos destinados a mejorar las condiciones en las que estudian los menores beneficien únicamente a una parte del alumnado español, dejando fuera a miles de estudiantes escolarizados en centros concertados que forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos.
Mejorar las condiciones ambientales de los colegios
Según explica CONCAPA, el objetivo del programa es financiar actuaciones relacionadas con la climatización, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones ambientales de los centros educativos. Sin embargo, denuncia que la convocatoria limita el acceso a estas ayudas a los centros públicos, excluyendo a los concertados pese a que ambos prestan un servicio público de educación.
La confederación sostiene que esta diferencia de trato no afecta a los edificios, sino directamente a los alumnos que reciben la enseñanza en ellos. Por ello, insiste en que el verdadero destinatario de la inversión pública son los menores y no la naturaleza jurídica del titular del inmueble.
En este sentido, recuerda que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho a la educación y garantiza la libertad de enseñanza, configurando un sistema educativo plural integrado tanto por la red pública como por la concertada, bajo el concepto de centros sostenidos con fondos públicos.
Obligación de las administraciones públicas
Desde la organización subrayan que ambas redes escolarizan a alumnos cuyos derechos son exactamente los mismos y desempeñan una función de servicio público, por lo que consideran que no existe una razón objetiva que justifique que unos estudiantes puedan beneficiarse de instalaciones más eficientes, saludables y adaptadas a las altas temperaturas mientras otros quedan excluidos de esas mejoras.
CONCAPA añade que las administraciones públicas están obligadas a legislar y gestionar los recursos conforme al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. A su juicio, cualquier diferencia de trato debe estar respaldada por una justificación objetiva y proporcionada, algo que, según afirma, no sucede en esta convocatoria.
Calidad del aire
La organización insiste en que aspectos como la calidad del aire que respiran los alumnos, la temperatura de las aulas o las condiciones de confort en las que desarrollan su aprendizaje no pueden depender de la titularidad del edificio donde estudian. Considera que convertir estas mejoras en un privilegio reservado únicamente para una parte del alumnado supone establecer una discriminación difícilmente justificable cuando el objetivo declarado del programa es mejorar el bienestar de los estudiantes.
Asimismo, CONCAPA apela a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España y de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. En concreto, recuerda que el artículo 3 establece que el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial en todas las decisiones que afecten a la infancia, mientras que el artículo 2 prohíbe cualquier forma de discriminación en el disfrute de los derechos reconocidos a los menores.
Discriminación por titularidad jurídica
Desde esta perspectiva, la confederación sostiene que las políticas públicas destinadas a mejorar los entornos educativos deben diseñarse pensando en todos los niños, evitando introducir diferencias derivadas de circunstancias completamente ajenas a ellos, como puede ser la titularidad jurídica del centro donde reciben su educación.
Además de la desigualdad entre alumnos, CONCAPA advierte de las consecuencias económicas que esta decisión puede tener para las familias. Mientras los centros públicos podrán acometer importantes inversiones financiadas íntegramente con recursos públicos, los concertados deberán sufragar esas mismas actuaciones con fondos propios o mediante aportaciones adicionales de las entidades titulares y, en muchos casos, de las propias familias.
La organización recuerda que tanto la escuela pública como la concertada atienden a una misma diversidad de alumnos y familias, compartiendo necesidades educativas similares. Por ello, considera especialmente injusto que quienes contribuyen con sus impuestos a financiar estos programas públicos queden excluidos de sus beneficios únicamente por haber elegido un centro concertado para la educación de sus hijos.
Son ayudas de origen europeo
CONCAPA también pone el foco en el origen europeo de buena parte de estas políticas vinculadas a la transición energética y la descarbonización. A su juicio, si estas ayudas responden al cumplimiento de objetivos europeos de eficiencia energética y sostenibilidad, resulta todavía menos comprensible que no alcancen a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
La confederación recuerda que la Unión Europea promueve la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la lucha contra cualquier forma de discriminación, principios que, en su opinión, no resultan compatibles con una convocatoria que establece diferencias entre menores que forman parte del mismo sistema educativo sostenido con fondos públicos y disfrutan de los mismos derechos constitucionales.
"Sesgo ideológico"
En su comunicado, la organización va un paso más allá y denuncia que esta convocatoria constituye un nuevo ejemplo de "sesgo ideológico" en la aplicación de las políticas educativas. Asegura que, bajo una apariencia técnica, se termina estableciendo un criterio de prioridad escolar que ignora el concepto de centros sostenidos con fondos públicos e introduce una desigualdad de oportunidades entre alumnos.
Según CONCAPA, esta forma de distribuir las inversiones públicas también puede tener consecuencias sobre la libertad de elección de las familias. Argumenta que cuando los recursos públicos se concentran exclusivamente en una parte del sistema educativo, se condicionan las posibilidades reales de elección de muchos padres y madres y se debilita el pluralismo educativo que la propia Constitución protege.
Solicita al Gobierno que modifique las bases
Por todo ello, la confederación solicita al Gobierno de España que modifique las bases del programa PREE Docente para permitir el acceso a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, independientemente de quién sea el titular de los inmuebles. La organización insiste en que las ayudas deben atender al alumnado y no a la naturaleza jurídica de los edificios.
"El verdadero destinatario de estas inversiones no son los inmuebles, sino los niños", sostiene CONCAPA, que concluye recordando que todos los menores españoles son iguales en derechos y deberes. En consecuencia, considera que ningún alumno debería recibir menos inversión pública, estudiar en peores condiciones o ver limitado su derecho a un entorno escolar saludable por la decisión legítima de sus padres de elegir un centro concertado. La organización asegura que continuará defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a lo que califica como una discriminación injustificada.
