Iglesia-Estado

 

La comisión mixta para resolver casos de abusos en la Iglesia se formará solo “ad casum”

 

Sin miembros designados, el órgano clave del sistema se activará únicamente en situaciones de desacuerdo

 

 

 

16/04/26 | Javier Arias, X


 

 

 

“El Estado decide la indemnización y la Iglesia la paga”. Esta fue la frase que empleó el ministro Félix Bolaños el 8 de enero cuando se hizo público el marco del acuerdo entre Gobierno e Iglesia, y que se ratificó a finales de marzo, para la indemnización a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica.

 

 

 

  1. Acuerdo del 30 de marzo
  2. Los roles fijados en el protocolo
  3. Comisión Mixta inclinada a los intereses del Gobierno
  4. Una Comisión… que aún no tiene nombres
  5. Abierto el plazo para presentar solicitudes

 

 

 


Félix Bolaños, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego durante la firma.
Foto: Ministerio de Presidencia.

 

 

 

Acuerdo del 30 de marzo

Esas palabras del ministro Bolaños no son fruto de un arrebato, sino que están perfectamente medidas. El acuerdo firmado el 30 de marzo entre la Conferencia Episcopal Española y la CONFER con el ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo, fija un protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica.

 

Los roles fijados en el protocolo

En este protocolo, se fija que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios. Por su parte, el Defensor del Pueblo constituirá la Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo -con un equipo de expertos profesionales independiente- la evaluación individualizada de las solicitudes.

La CEE y la CONFER se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

 

 

 


Luis Argüello, Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego, durante el acuerdo.
Foto: ministerio de presidencia.

 

 

 

Comisión Mixta inclinada a los intereses del Gobierno

En caso de discrepancia una Comisión Mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

A partir de aquí, surge de nuevo la incertidumbre y es donde las palabras del ministro Bolaños cobran sentido. Iglesia y Gobierno, en el protocolo rubricado, pactan la creación de una Comisión Mixta formada por nueve miembros.

La composición impar inclinará la balanza hacia el Gobierno, ya que cuatro de esos miembros son propuestos por la CEE y CONFER y los otros cinco son uno a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; dos a propuesta del Defensor del Pueblo; y dos representantes de las víctimas designados por el Ministerio, previa consulta con sus asociaciones representativas.

Según el punto 1.4 de la parte séptima del protocolo firmado, “a los solos efectos de asegurar el correcto funcionamiento de la Comisión, se emplearán como causas de abstención o recusación aplicables a sus miembros las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”. Además, se añade que “su función será alcanzar, por consenso, un acuerdo en aquellos casos en los que la valoración de la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo no obtenga el informe favorable de la CPRIVA o la conformidad de la persona solicitante”.

 

Una Comisión… que aún no tiene nombres

Sin embargo, con todo ya firmado, Religión Confidencial ha podido saber que los miembros de esa Comisión Mixta, encargada de dictar el veredicto final en caso de falta de acuerdo, no han sido acordados aún.

Este medio se ha puesto en contacto con todas las partes implicadas para conocer el nombre de los miembros que forman parte de esa Comisión Mixta. El silencio ha sido la respuesta del ministerio de Bolaños, de CONFER y, otra vez más, del Defensor del Pueblo. En cambio, desde la Conferencia Episcopal Española sí han querido responder a nuestra solicitud y han especificado que esa comisión “se constituye ad casum, sólo si es necesaria. Por tanto, cuando se constituye para algún caso se darían los nombres”.

 

 

 


Argüello, Bolaños y García Magán (Imagen de archivo).

 

 

 

Abierto el plazo para presentar solicitudes

El protocolo firmado entre el Gobierno y la Iglesia ya está en funcionamiento desde este 15 de abril. El ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha habilitado en su página web un apartado para tramitar las solicitudes de las víctimas que se quieran acoger al sistema de reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo. “Un sistema mixto pionero en el que la Iglesia asume su responsabilidad, así como las reparaciones, que podrán ser simbólicas, restaurativas o económicas”, resalta el organismo que dirige Félix Bolaños.

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

El ministerio de Bolaños ha activado un correo electrónico y un número de teléfono para ofrecer orientación a las víctimas.